Hace poco, los programas mediáticos de la televisión argentina debatieron intensamente las leyes antirracistas de Brasil tras el caso de Agostina Páez, la abogada imputada por delito de injuria racial. Pero más allá del escándalo, surgen preguntas necesarias: ¿Cómo define exactamente la justicia brasileña esa situación? Y, sobre todo, ¿cuál es el choque cultural e histórico que enfrenta con nuestro país?
En enero de 2023, el presidente Lula da Silva sancionó una ley que equipara la injuria racial con el racismo. En términos específicos, según Agência Brasil, la injuria racial consiste en ofender la honra de una persona por su raza, color, etnia u origen; mientras que el racismo se produce cuando la discriminación afecta a toda una colectividad al impedir, por ejemplo, que una persona negra ocupe un puesto de trabajo o acceda a un establecimiento por el color de su piel. Este tipo de delito no permite fianza y tampoco prescribe, y las penas van desde 2 a 5 años.
La historia detrás de esta medida es una intensa lucha llevada a cabo por las personas afrodescendientes brasileras. Poniéndolo en comparación con otros países de Latinoamérica, Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud. Esto fue firmado por la princesa Isabel en 1888 a través de la Ley Áurea, cuando el país aún era gobernado por un rey. No fue una decisión unánime: una parte de la élite terrateniente se opuso debido a que se veían debilitados. Según Nofi Media, más de 4 millones de africanos fueron deportados a Brasil durante el tráfico transatlántico de esclavos: casi el 40% de todas las personas esclavizadas traídas a las Américas.
Y la nueva ley, si bien había mejorado en cuanto a una libertad simbólica, no implicó cambios positivos inmediatos debido a que no se implementaron medidas de integración para los antiguos esclavos: no había distribución de tierras ni programas educativos. Por ende, su ciudadanía se veía complicada en el proceso, siendo esta la suma de derechos civiles, sociales y políticos donde ellos habían sido reiteradamente vulnerados.

Los antecedentes de la Ley Áurea (como la Ley de los Sexagenarios y la Ley de Vientre Libre) fueron pasos para la libertad de los afrodescendientes, pero habían sido realizadas principalmente para apaciguar la presión de los abolicionistas nacionales y extranjeros, sin lograrlo con éxito. Además, hubo un amplio cambio económico que hacía más complicado mantener a los esclavos bajo las condiciones mínimas para asegurar su trabajo (alimentación, alojamiento) y, con la llegada de la inmigración europea que ofrecía mano de obra, los terratenientes encontraron opciones más baratas.
La modernización que estaba implementando Brasil implicaba también adaptarse a su principal socio comercial: Gran Bretaña. Este país impulsó el fin de la trata de esclavos y, desde 1845, mediante la Ley Aberdeen, permitía incautar embarcaciones brasileras sospechosas de tráfico de personas. Por lo tanto, llegar a 1888 con esclavitud implicaba no solo perder socios comerciales, sino también ser aislado como país en estado de modernización, debido al abolicionismo que estaba creciendo en el primer mundo.
Si bien nos encontramos con esta historia profunda que demuestra el trasfondo de un Estado que lucha contra el racismo, en Argentina el proceso histórico tuvo repercusiones distintas.
Aunque se abolió la esclavitud el 1 de mayo de 1853 bajo la dirigencia de Justo José de Urquiza, la Argentina de ese entonces seguiría siendo abiertamente racista. Esto se demostraría en toda su plenitud con la Generación del '80. Ellos fundamentaban sus pensamientos a través del positivismo, el darwinismo social y el evolucionismo.
Domingo Faustino Sarmiento fue conocido por ser el impulsor de la educación pública, laica y gratuita, pero también por un racismo intelectual que legitimó el exterminio de los indígenas de las regiones pampeanas y patagónicas. Declaraba al hablar al respecto: “¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia... Son unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciesen... Incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande”.
Quien compartiría una visión similar en cuanto al aislamiento masivo de indígenas sería Juan Bautista Alberdi. Él también se declararía como un pilar de las políticas racistas, tan así que en 1885 propondría leyes con el fin de traer inmigrantes a Argentina que "le enseñen de la cultura del trabajo" a los locales y que "mejorarán la raza". "Necesitamos cambiar nuestras gentes incapaces de libertad por otras gentes hábiles para ellas... es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona", decía en sus discursos, considerando al inmigrante europeo más apto para “ser argentino” que al indígena que habitaba su tierra.
Pero quien llevaría a cabo el exterminio resaltado en estos discursos de forma metafórica, sería Julio Argentino Roca con la Conquista del Desierto, una campaña militar realizada entre 1878 y 1885 para "tomar posesión real y efectiva" de la Patagonia. Definió a las tolderías indígenas no como comunidades humanas, sino como "nidos de bandoleros" que debían ser desalojados.
Al despreciarlos de esa manera, empezó un régimen de tortura que iba desde las “caminatas de la muerte” (indios que debían hacer largas marchas) hasta el encierro en campos de concentración donde pasaban hambre y enfermaban rápidamente. Además de eso, desarticulaban a las familias, separando a las mujeres y niños que eran entregados como servicio doméstico a las familias ricas de Buenos Aires, ocasionándoles una condición extremadamente similar a la de los esclavos. Incluso se prohibió el agrupamiento de comunidades indígenas, obligándolos a borrar su identidad lentamente mientras se adaptaban forzosamente a la modernidad tras el genocidio cometido.
Por ende, mientras Brasil estaba sufriendo un proceso extenso de legitimación de las personas afrodescendientes para ser vistas como iguales, Argentina estaba afrontando la deslegitimación constante de las identidades indígenas. Esto llegó al punto de que fueron reconocidos constitucionalmente recién el 11 de agosto de 1994, más de un siglo después del exterminio realizado.
Pero no solo hay una diferencia histórica, sino también estadística. Según Prensa Latina, más del 56% de los habitantes de Brasil se declaran negros o mestizos. A diferencia de ellos, en Argentina, según el Censo Nacional de 2022, solo el 2,9% de la población se define como indígena y el 0,7% como afrodescendiente.
Esta autopercepción reducida puede explicarse por el racismo instaurado desde el discurso político, tal como la frase del entonces presidente Alberto Fernández en 2021: “Los argentinos llegamos en barcos y los brasileros salieron de la selva”. También se perpetúa mediante insultos clasistas cotidianos como “negro de mierda”.
Aunque en Argentina falte un trato inclusivo hacia las personas racializadas, eso no impide que podamos concientizarnos para evitar terminar en situaciones como esta. El racismo no debería ser el lenguaje con el que hablamos cotidianamente como sociedad, sino una ideología de la cual deberíamos avergonzarnos.
Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo