Un nuevo fallo judicial removió la sensibilidad social sobre la ley de Tierras y volvieron a traer preguntas sobre los mecanismos de contrapeso institucional. ¿Qué podemos hacer para no quedarnos en la impotencia?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a quedar en el centro de una discusión que excede los límites de un expediente judicial. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, por el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La norma, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales y fijaba restricciones adicionales por nacionalidad y por titular.
El fallo se originó en una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional la derogación impulsada por el Ejecutivo y mantenido bajo discusión judicial la vigencia de las restricciones. Ahora, la Corte revocó esa decisión al considerar que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover el reclamo. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, pero su decisión deja sin efecto el principal freno judicial que impedía que el artículo 154 del DNU produjera sus efectos.
El episodio llega, además, después de que el oficialismo intentara modificar el régimen de tierras extranjeras dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa buscaba flexibilizar las restricciones existentes, aunque terminó retirando ese capítulo ante la falta de acuerdos suficientes en el Senado. Así, una discusión que no logró resolverse en el Congreso vuelve a quedar atravesada por una decisión judicial. Y es justamente ahí donde el caso deja de ser solamente una disputa sobre tierras para convertirse en una discusión sobre el funcionamiento del poder en Argentina.
¿Quién controla a quienes tienen la responsabilidad de controlar a los demás poderes? La independencia judicial es una garantía indispensable del Estado de Derecho y no puede confundirse con una licencia para actuar sin controles. Una Justicia fuerte no es una Justicia aislada de la sociedad, sino una institución cuya autoridad se sostiene también en reglas claras, fundamentaciones rigurosas, transparencia y mecanismos institucionales capaces de limitar cualquier concentración de poder.
Argentina necesita discutir seriamente una reforma de sus instituciones judiciales, y hacerlo sin caer en la tentación de convertir a la Corte en un enemigo político ni a sus integrantes en protagonistas partidarios. El problema no es que existan jueces capaces de poner límites al Ejecutivo o al Congreso; ese control es parte esencial del constitucionalismo. El problema aparece cuando un sistema institucional comienza a acumular conflictos de competencia, vacíos de control y decisiones trascendentales en órganos cuya responsabilidad democrática resulta difícil de delimitar. Reformar la Corte, fortalecer sus mecanismos de integración, transparentar los procesos de selección y discutir mejores reglas para los conflictos entre poderes no significa debilitar a la Justicia. Significa recordar que, en una República, ningún poder debería quedar por encima de las reglas que justifican su propia existencia.
El problema, entonces, no se agota en los nombres propios de quienes integran hoy el máximo tribunal. La discusión es anterior y más incómoda: qué modelo de Corte quiere tener la Argentina. Una Corte Suprema concentra una enorme capacidad de interpretar el alcance de la Constitución y, con ello, de establecer los límites jurídicos de las decisiones tomadas por los poderes surgidos del voto. Esa función exige independencia, pero también exige una arquitectura institucional que evite que la última palabra jurídica se transforme, en los hechos, en una última palabra sin contrapesos. En una democracia constitucional, controlar al poder no puede significar construir otro poder imposible de controlar.

También resulta inevitable mirar el modo en que se integra la Corte. El Presidente propone a sus integrantes y el Senado debe prestar acuerdo con una mayoría agravada. Es un mecanismo pensado para generar un equilibrio entre legitimidad democrática e independencia judicial. Sin embargo, cuando la política partidaria atraviesa cada instancia de ese proceso, la discusión sobre quiénes deben integrar el máximo tribunal puede quedar atrapada entre negociaciones coyunturales y disputas de poder. Por eso, una reforma no debería limitarse a discutir cuántos jueces tiene la Corte: debería preguntarse cómo se seleccionan, qué estándares públicos deben cumplir, cómo se transparentan las decisiones y qué mecanismos existen para resolver los conflictos institucionales entre los distintos poderes del Estado.
Porque una democracia no se debilita solamente cuando un poder pretende avanzar sobre otro. También se debilita cuando las fronteras entre ellos se vuelven tan difusas que nadie sabe exactamente dónde termina la responsabilidad de cada uno. El caso de la Ley de Tierras vuelve a poner esa tensión sobre la mesa: una política impulsada por decreto, una discusión legislativa que no consiguió avanzar y una controversia que terminó definiéndose en los tribunales. No corresponde pedirle a la Justicia que deje de ejercer su función constitucional. Corresponde exigirle al sistema político que construya mejores reglas para que esa función pueda ejercerse con independencia, legitimidad y límites claros. La reforma de la Justicia no debería ser una pelea contra los jueces; debería ser una discusión sobre cómo hacer que la República funcione mejor.
El Ejecutivo debe tener límites, el Congreso debe ejercer plenamente su representación y la Justicia debe controlar sin convertirse en un poder ajeno a todo contrapeso. La independencia judicial no puede significar aislamiento institucional, del mismo modo que la legitimidad electoral no puede significar poder sin límites. Si queremos reconstruir la confianza en nuestras instituciones, necesitamos volver a discutir sus reglas, sus responsabilidades y sus controles. Porque en una democracia nadie puede atribuirse la última palabra.