La aprobación legislativa del Proyecto San Jorge (PSJ) reactivó un debate histórico en Mendoza sobre la relación entre modelo productivo y el cuidado del agua, un tema central en la agenda provincial desde hace más de una década. Nuestro corresponsal Facundo Enrriquez desarrolló los argumentos y las posibles consecuencias de esta propuesta.
Facundo Enrriquez
Un proyecto que vuelve a escena
San Jorge está ubicado en Uspallata, Las Heras, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Durante años permaneció paralizado: en 2011 la Legislatura había rechazado su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, un nuevo estudio y una reformulación integral del plan permitieron que, en noviembre de 2025, la Legislatura aprobara la nueva DIA habilitando su continuidad administrativa y enviando una señal de estabilidad a inversores extranjeros interesados en la minería de cobre en la región.
Detrás de la iniciativa está la empresa suiza Zonda Metals GmbH, asociada al Grupo Alberdi de Argentina. La propuesta contempla la explotación de cobre utilizando un sistema de flotación convencional que, según la compañía, cumple con la Ley 7.722 la normativa central de protección hídrica que marcó el rumbo ambiental de Mendoza.
Un clima social movilizado
La aprobación legislativa se dio en un contexto social marcado por marchas en distintos puntos de la provincia. Miles de personas se concentraron en el kilómetro 0 de Ciudad de Mendoza y vecinos de Uspallata realizaron una caminata de más de 100 kilómetros hacia la capital provincia con la tipica frase que se ve en las calles desde hace décadas "El agua de Mendoza no se negocia".
Las manifestaciones no son aisladas: se potenciaron por observaciones técnicas difundidas en los días previos, especialistas señalaron que el Informe de Impacto Ambiental utilizaba datos hídricos desactualizados en relación con el arroyo El Tigre, donde se proyecta extraer 141 litros de agua por segundo, y que el estudio no contemplaba los años de megasequía registrados desde 2010, un factor clave para evaluar la disponibilidad real del recurso en la zona.
Desde la oposición, el senador provincial Duggar Chapel del Partido Verde expresó su rechazo en declaraciones exclusivas a Buena Data y sostuvo que "este proyecto es una bomba ambiental: se apoya en estudios que tienen más de 15 años, absolutamente desactualizados, pone en riesgo el agua de Mendoza, avanza sin licencia social y sin un debate real con la comunidad. Los beneficios económicos que se prometen no justifican los riesgos ambientales. En estas condiciones, y con serias dudas sobre la transparencia del proceso y el rol de los organismos técnicos, no puedo acompañarlo y voy a votar en contra".
Desde el oficialismo, la diputada provincial y vocera del Proyecto San Jorge, Sol Salinas defendió la iniciativa. En diálogo exclusivo con Buena Data, afirmó que "en Mendoza la falta de oportunidades se vive todos los días, y no es minería o turismo, ni minería o agricultura, no es minería o economía. Es minería, turismo, agricultura industria, comercio, tecnología, es todo lo que Mendoza pueda generar para que su gente tenga trabajo y futuro; San Jorge no es solo una discusión técnica o ambiental, es recuperar la confianza para generar desarrollo con responsabilidad, porque PSJ Cobre Mendocino no es una apuesta ciega y fue analizado por más de 100 técnicos y más de 30 organismos, y yo voté el paquete minero pensando en la calidad de vida de los mendocinos".
Una inversión estratégica y un mineral en demanda global
La empresa proyecta para San Jorge:
• Una inversión inicial de USD 559 millones.
• Una producción de 40.000 toneladas anuales de cobre fino.
• Una vida útil estimada de 16 a 27 años.
• La generación de miles de puestos de trabajo en distintas etapas del proceso.
Bajo ese marco, el Gobierno provincial y sectores empresariales aseguran que el proyecto colocaría a Mendoza en el mapa internacional del cobre en un momento clave, cuando la demanda global del mineral crece por su rol en la transición energética (autos eléctricos, infraestructura tecnológica y energías renovables).
Además, PSJ Cobre Mendocino fue incorporado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que le otorgaría previsibilidad fiscal y un marco atractivo para capitales internacionales.
Lo que viene ahora
Aunque el proyecto ya es ley, la explotación no comienza de inmediato. La aprobación de la DIA habilita la continuidad del proceso, pero ahora se abre una fase central:
En paralelo, distintos sectores de la sociedad continúan organizando movilizaciones, pedidos de información y acciones de seguimiento sobre el avance del proyecto, con el objetivo de visibilizar el rechazo social a la aprobación de la iniciativa y reclamar controles estrictos sobre el cuidado del agua, a través de marchas, caminatas y concentraciones pacíficas en distintitos puntos de la provincia.
Una reflexión necesaria para una provincia en tensión
La aprobación de San Jorge marca un antes y un después, no solo para la minería, sino para un debate que Mendoza viene sosteniendo hace más de veinte años. Detrás de los votos, los estudios técnicos y las cifras de inversión, aparece una pregunta que ninguna ley puede responder sola: ¿cómo decide una provincia su futuro cuando lo que está en juego es también su identidad?
En Mendoza, una provincia árida, el agua no es solo un recurso, es parte de su historia, su forma de producir y su manera de habitar en el territorio. Por eso, San Jorge vuelve a poner en riesgo ese modelo y reabre una discusión profunda sobre qué desarrollo está dispuesta a aceptar la provincia.
El proyecto se volvió ley, pero el debate sobre el agua, el desarrollo y el territorio sigue abierto. A partir de ahora, Mendoza va a tener que mirar de frente la tensión que la atraviesa: cómo crecer sin perder aquello que la define, y cómo construir un modelo productivo que no deje a nadie afuera. Porque el verdadero desafío no fue aprobar San Jorge. El verdadero desafío empieza ahora: decidir qué lugar le damos a nuestros recursos, a nuestra economía y sobre todo a nuestro futuro común.