Derechos Humanos
Los futuros robados en Afganistán
Con más de 80 decretos que prohíben la educación superior, el trabajo y la movilidad femenina, sumados a la reciente institucionalización del matrimonio infantil, las jóvenes afganas fueron despojadas de toda autonomía.
Desde hace siglos, la libertad de las mujeres ha sido objeto de disputa en las sociedades de todo el mundo. Sus derechos, oportunidades y condiciones de vida han estado históricamente condicionados por estructuras de poder dominadas por hombres. Si bien durante las últimas décadas se registraron importantes avances en materia de igualdad de género, millones de mujeres continúan enfrentando discriminación y violencia. Sin embargo, pocos casos reflejan un retroceso tan profundo y acelerado como el de Afganistán.
La historia de las mujeres afganas ha oscilado durante mucho tiempo entre períodos de apertura y etapas de extrema opresión. A principios del siglo XX, el rey Amanulá Kha, con el apoyo de su esposa, la reina Soraya Tarzi, impulsó reformas modernizadoras que promovieron la educación femenina, limitaron el matrimonio infantil y alentaron una mayor participación de las mujeres en la vida pública. Décadas más tarde, la Constitución de 1964 reconocería el derecho al voto femenino, ampliando su acceso a la educación superior, al empleo y a la representación política. Durante los años posteriores, especialmente en las principales ciudades del país, miles de mujeres estudiaron en universidades, fueron médicas, juezas, docentes o periodistas y ocuparon cargos en la administración pública.
Ese proceso empezó a desmoronarse tras la caída del gobierno comunista y el ascenso de las facciones muyahidines a principios de la década de 1990, cuando empezaron a imponerse restricciones sobre la presencia femenina en el espacio público. El primer régimen talibán, instaurado entre 1996 y 2001, llevó esa política al extremo: las mujeres fueron excluidas de la educación y del trabajo, se les prohibió salir de sus hogares sin un acompañante masculino y se las obligó a utilizar la burka, una prenda que cubre completamente el cuerpo y el rostro. La exclusión de las mujeres de la vida pública se convirtió en una política de Estado.
Tras la intervención internacional que derrocó al régimen talibán, Afganistán inició un nuevo período de reconstrucción institucional. La Constitución de 2004 consagró la igualdad entre hombres y mujeres, se restableció el acceso femenino a la educación y al empleo, se reservaron escaños parlamentarios para mujeres y aumentó su participación política, económica y social.
Hasta hace no más de 5 años, las mujeres podían estudiar en la universidad, trabajar en organismos públicos, ejercer profesiones, practicar deportes, conducir empresas e incluso presentarse como candidatas a la presidencia. Este escenario cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el control de Kabul. En poco tiempo Afganistán pasó de contar con mujeres universitarias y profesionales a convertirse en el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido continuar sus estudios más allá del sexto grado de primaria. Las mujeres fueron expulsadas de la mayoría de los empleos, y quedaron sometidas a estrictas normas sobre su vestimenta, movilidad y vida cotidiana. Según ONU Mujeres, cerca del 80 % de las jóvenes afganas permanecen excluidas de la educación, el empleo o cualquier instancia de formación, mientras ninguna mujer integra el gobierno de facto.
En este contexto, el mensaje a las juventudes se vuelve claro: el que tengamos derechos hoy, no garantiza que los tendremos mañana.
A esas duras restricciones se suman otras medidas que consolidan un sistema de persecución y sometimiento contra las mujeres afganas. Más de 80 decretos, directivas y órdenes emitidos por el régimen talibán han robado progresivamente sus derechos fundamentales. Las mujeres tienen prohibido acceder a la educación superior, trabajar en la mayoría de los sectores, ingresar a parques, gimnasios, baños públicos, así como practicar deportes o participar en actividades culturales. Quienes se atreven a reclamar por sus derechos son reprimidas mediante detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, amenazas y duros castigos tanto físicos como verbales.
El cierre de los salones de belleza eliminó uno de los últimos espacios de encuentro exclusivamente femenino y dejó sin sustento económico a miles de trabajadoras. En el ámbito familiar, las mujeres pueden ser castigadas por visitar a sus propios parientes sin autorización de su esposo, mientras que quienes intentan brindarles refugio también pueden enfrentar represalias. Paralelamente, el desmantelamiento de los mecanismos de protección frente a la violencia de género las dejó sin herramientas legales para denunciar abusos. En los tribunales, el testimonio de una mujer tiene menor valor que el de un hombre, restringiendo todavía más su acceso a la justicia.
Lejos de tratarse de restricciones aisladas, estas políticas conforman un sistema de discriminación institucionalizada que busca eliminar a las mujeres de la vida pública, negarles su autonomía y reducirlas al ámbito doméstico por el solo hecho de ser mujeres. Por la magnitud y sistematicidad de estas medidas, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos sostienen que Afganistán representa hoy el caso más extremo de persecución por razones de género.
En pleno 2026 la situación sigue agravándose. En mayo de este año los talibanes aprobaron un nuevo decreto que define como “niño” solo a los menores de nueve años y elimina las protecciones que fijaban en 18 años la edad mínima legal para casarse, institucionalizando el matrimonio infantil y forzado al permitir que padres y abuelos arreglen matrimonios para niñas, considerando el silencio de las mismas, tras la pubertad, como consentimiento y dificultando casi por completo la posibilidad de impugnar esas uniones. Mientras los hombres pueden divorciarse de forma unilateral, las mujeres enfrentan numerosas barreras legales para hacerlo, consolidando un sistema de tutela masculina que las priva de autonomía y las convierte en ciudadanas de segunda categoría.
Mientras escribo estas líneas para que luego alguien más las lea, millones de mujeres y niñas afganas siguen despertándose en un mundo donde escribir, estudiar, trabajar, caminar solas, hablar en público o decidir sobre su propio futuro es pecado.
La distancia geográfica no vuelve más pequeña esta realidad ni nos hace ajenos a ella. Nombrar lo que ocurre, recibir y dar información, negarse a aceptar la persecución sistemática de millones de mujeres, son pequeñas formas de impedir que desaparezcan también de la memoria colectiva.
Para aquellas que no tienen derecho a la voz, o que nacieron en un mundo que no les permite conocer nada más allá de él, nombrarlas es también defender su derecho a existir.
Mientras aún haya mujeres cuya libertad les siga siendo negada, ninguna de nosotras será realmente libre, y la igualdad seguirá siendo una deuda con ellas y una tarea pendiente para toda la humanidad.
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Imagen de portada - imágenes de nota: Naciones Unidas