Colegios preuniversitarios de la ciudad de Buenos Aires se sumaron a los reclamos por la ley de Financiamiento Universitario y tomaron los establecimientos, sacudiendo nuevamente la pregunta por el rol de los estudiantes, los alcances de una protesta y las formas paralelas de aprendizaje que se abren en situaciones de crisis.
Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambas escuelas preuniversitarias vinculadas a la UBA, decidieron en asamblea la toma de sus colegios en reclamo al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida surge en el contexto de un nuevo paro general universitario y a unas semanas de la marcha federal que se extendió por todo el país.
Mientras los salarios docentes registran una pérdida del 34% en términos reales desde 2023 y las transferencias a universidades caen también en un 46%, los estudiantes asumen un rol activo en la defensa de sus espacios educativos. El gobierno nacional decidió no cumplir una ley votada por el Congreso.
Con edificios que están cada vez en peor estado y con docentes que renuncian (ya 10.000 desde 2023) o que tienen varios trabajos en paralelo para llegar a fin de mes, quienes estudian en instituciones que dependen del gobierno nacional se enfrentan a un panorama que se agravó especialmente en los últimos años. Entre quedarse en casa de brazos cruzados o salir a bancar la educación pública que le permite estudiar a cualquiera independientemente de su poder adquisitivo, los pibes y pibas deciden que sus escuelas no queden vacías. Las llenan de clases públicas para visibilizar la crisis sin dejar de estar presentes en el espacio que les pertenece.
Lo disruptivo de la medida genera, como lo hizo en las tomas de 2018 que tuvieron como referente a Ofelia Fernandez, una rápida reacción mediática. En muchos medios, el foco de la noticia se corre de la crisis de fondo para cuestionar la legitimidad de la acción de les estudiantes. Si bien el conflicto toma más relevancia, con estas coberturas los estudiantes parecen convertirse en parte del problema.
Por eso, Buena Data estuvo en la toma del Pellegrini para escuchar las voces de sus propios protagonistas. “Es una pérdida de calidad educativa notoria, son 10.000 renuncias en la UBA en los últimos dos años, son docentes que cobran 5000 pesos la hora”, explica una de las estudiantes para contar solo algunos de los motivos de la medida. “Tomamos esta decisión porque nos parece fundamental no dejar de lado la lucha de nuestros docentes y porque creemos que todos tenemos el derecho a un futuro mejor”, asegura otro de los estudiantes.
Mientras tanto, la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo definitivo. El máximo tribunal debe resolver el recurso de amparo y la apelación presentados por el Gobierno Nacional en contra de la legislación.
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Diseño de portada: Emma Jamardo