Un proyecto que busca agravar las condenas para las denunciantes de violencia de género volvió a provocar la necesidad de mirar los estigmas que cargan las mujeres y el feminismo.
Jazmín Llorente
A más de una década del Ni Una Menos, las situaciones de violencia continúan siendo un motivo de debate. Sin embargo, los reclamos que forman el núcleo de movimiento feminista siguen presentándose como urgencia. Casi la mitad (45%) de las argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia y la Iniciativa Spotlight. El 77% de las mujeres que sufrieron violencia de género nunca pudo realizar la denuncia, según el Ministerio Público Fiscal.
A pesar de eso, después de haber sido cajoneado varias veces, la senadora Carolina Losada volvió a impulsar un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias. El proyecto propone reformar el Código Penal para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” pero castiga todavía más cuando se trata de denuncias por violencia de género o delitos sexuales.
El problema es que esas figuras ya existen en el Código Penal. Y además, los datos no acompañan el discurso, la supuesta “ola” de falsas denuncias solo representa el 0,9%. La agravación de falsas denuncias puede reforzar prejuicios como la idea de que “si no hay pruebas, entonces la denuncia es falsa”. También puede generarle temores a la víctima, y afectar la predisposición de testigos, peritos y profesionales a participar en los procesos judiciales.
El mismo Ministerio Público registró que el 86% de las falsas denuncias se concentran en conflictos patrimoniales, vecinales y laborales. ¿Por qué no crear una ley para ellos? Si en lugar de reforzar prejuicios y barreras para acceder a la justicia se pone foco en políticas que amplíen derechos, el resultado es una sociedad más equitativa y segura para todos.
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Diseño de portada: Emma Jamardo