Derechos Humanos

La lucha por Belén se hizo película, ¿y el aborto se volvió un derecho?

La película dirigida por Dolores Fonzi revalorizó la organización colectiva por el derecho al aborto y nuestras corresponsales Andrea Romero, Luana Tito y Oriana Sánchez investigaron qué ocurre en la actualidad.

Andrea Romero, Luana Tito y Oriana Sánchez

En septiembre de 2025 se estrenó la película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Fue nominada a mejor película para los premios Oscars 2026 y, aunque no superó a las demás postuladas, tiene una particularidad que la vuelve de suma importancia en el contexto político y social actual: su inspiración en una historia real. Cuenta la historia de una joven tucumana de 25 años que en 2014 ingresó al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán por dolores abdominales y, por un diagnóstico inicial de los médicos de aborto espontáneo, salió presa. ¿Cuánto ha cambiado esa situación? 

A lo largo de la película, nos encontramos con la lucha de Belén -nombre otorgado a la mujer para proteger su identidad- por demostrar su inocencia y recuperar su libertad, en una sociedad tucumana donde el término aborto era una mala palabra y su acción digna de ser condenada. Sin embargo, la historia parece sembrar en el espectador una idea casi revolucionaria: la decisión de volver a mirar, de revisar, de cuestionar. Como lo hizo Soledad Deza, la abogada del caso, al oír quejarse a la familia de Belén, o como las mujeres en las calles se detuvieron a tomar un folleto y escuchar la causa. 

El caso real que inspira la película invita a revisar las fallas del sistema que atravesaban las mujeres antes de la legalización del aborto. A cinco años de la aprobación de la ley en Argentina, resulta necesario analizar cómo se aplica hoy este derecho y comprender en qué estado se encuentra una conquista lograda después de años de lucha y debate social.

En diciembre de 2020 Argentina aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite a las mujeres y personas gestantes acceder a un aborto legal y seguro hasta la semana 14 de gestación dentro del sistema de salud. La normativa también contempla la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos posteriores, como cuando el embarazo pone en riesgo la salud o es resultado de una violación.

Desde su implementación, el sistema de salud comenzó a incorporar protocolos, capacitación para profesionales y la provisión de medicamentos para garantizar este derecho. Según datos del monitoreo realizado por el Proyecto Mirar, que analiza la implementación de la ley en el país, desde su sanción el acceso a la interrupción del embarazo comenzó a integrarse progresivamente al sistema público de salud. En 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, en 2022 la cifra ascendió a 96.664 y en 2023 se contabilizaron 86.565 prácticas dentro del sistema sanitario.

El Proyecto Mirar es una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a la organización internacional Ibis Reproductive Health que monitorea la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina. A través de sus informes analiza datos sobre acceso al aborto legal y la disponibilidad de servicios de salud en el país. Según explicó la investigadora Agustina Ramón Michel, integrante del proyecto, hasta diciembre de 2023 el Gobierno nacional elaboraba informes con estos números, pero que la administración de La Libertad Avanza los suspendió.

Estos datos muestran que el aborto legal se convirtió en una práctica integrada al sistema de salud público, aunque su implementación presenta diferencias importantes entre las provincias.

Es importante aclarar que, como menciona la investigadora Michel, desde 2023 el Estado dejó de publicar estadísticas oficiales y la fuente presentada -Chequeado- obtuvo las cifras a través de un pedido de acceso a la información pública. No obtuvieron respuesta a las cifras del 2025. 

Dificultades en el acceso 

Uno de los indicadores que refleja las dificultades actuales es el aumento de denuncias por problemas para acceder al aborto legal.

De acuerdo con relevamientos de Amnistía Internacional citados por el medio Chequeado, durante 2025 se triplicaron las denuncias relacionadas con obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo. Muchas de estas situaciones están vinculadas a falta de información en los centros de salud, demoras en la atención o dificultades para obtener los medicamentos necesarios.

En varios casos, las organizaciones registraron situaciones en las que las personas gestantes no recibieron orientación adecuada dentro del sistema público o debieron recurrir al sector privado para acceder a la medicación. Estas barreras afectan principalmente a quienes dependen exclusivamente de los hospitales públicos.

Entre los factores que explican estas dificultades aparece la falta de provisión de medicamentos esenciales para realizar abortos seguros.

Según datos oficiales analizados por Chequeado, desde diciembre de 2023 el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó medicamentos clave para la interrupción del embarazo, como misoprostol y mifepristona. Esto representa una caída del 100% en la entrega de tratamientos en comparación con años anteriores.

Para dimensionar el cambio, en 2022 el Estado nacional había distribuido más de 70 mil tratamientos, mientras que en 2023 la cifra había superado los 106 mil. Ante la falta de insumos, varias provincias comenzaron a comprar los medicamentos con recursos propios para sostener los servicios de aborto legal dentro del sistema de salud. Especialistas en salud pública advierten que la disponibilidad de estos medicamentos es fundamental para garantizar prácticas seguras y evitar que las personas enfrenten demoras o tengan que trasladarse a otros centros de atención.

Proyecto Mirar lo exhibió en cifras:

El discurso oficial y la realidad de las provincias 

Tucumán es una de las provincias que más obstáculos encuentra al momento de acceder a lo que, según fuentes legítimas como la Ley 27.610 del Sistema Provincial de Salud, le corresponde: la posibilidad segura, gratuita y legal de la Interrupción del embarazo. La Fundación Mujeres X Mujeres denunció a través de un documento en 2025 la falta de compromiso de parte de los hospitales y CAPS para acompañar a las mujeres en la realización de un aborto. En palabras de la propia organización, esto demostraba una “violencia contra la libertad reproductiva”. 

En el documento, se señala a un total de 78 niñas que a lo largo de 2025 se encontraron con barreras en el sistema público de salud que les negaba la práctica de una interrupción segura del embarazo. Sobre todo, por la ausencia del conocido “combipack”; es decir, medicamentos necesarios como el misoprostol y mifepristona, cuya distribución está en manos del Ministerio de Salud de la Nación a través de programas provinciales de Salud Sexual.  

Esta realidad espeja a las que se encuentran mujeres en el interior de provincias más grandes, como Córdoba. Para evaluar el estado en el que se encuentra la implementación de la Ley 27.610, en un contexto donde prima el ataque continuo en materia de derechos sexuales y reproductivos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) elaboró un informe en diciembre de 2025.  En el mismo se informó que los principales obstáculos en el pleno acceso proviene de quienes están en el área de Farmacia, guardia y ginecología. 

Una de las recomendaciones que dieron desde el Área de Géneros y Diversidad de FUNDEPS para superar los desafíos es ampliar el acceso a capacitaciones para los profesionales en el área, y una profundización del trabajo ginecológico. Esto porque, según los resultados arrojados de las encuestas, el 40% de profesionales no recibió formaciones a partir de la sanción de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020 para garantizar una práctica segura.

El contraste entre el sistema de salud público en la ciudad de Córdoba y en el interior son aún más notables. Si se tiene en cuenta que de por sí los equipos encargados y capacitados para la interrupción son escasos, el informe también revela que mientras las personas de planta permanente se concentran en los centros de salud y hospitales de Córdoba, los trabajadores en centros de salud provinciales son independientes en su mayoría. Esto evidencia la disparidad de condiciones laborales de dichos ámbitos. 

¿Que hacer frente a los obstáculos que hay en el acceso?

Frente a las dificultades que todavía persisten para garantizar el acceso al aborto legal, distintas organizaciones de derechos humanos plantean medidas orientadas a fortalecer su implementación dentro del sistema de salud.

Uno de los aportes en este sentido es el informe de Amnistía Internacional titulado “También es por vos: defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas”, que analiza los obstáculos actuales en Argentina y propone recomendaciones para asegurar que este derecho pueda ejercerse de manera efectiva.

Entre las principales recomendaciones, el informe destaca la importancia de garantizar condiciones de atención digna, respetando la privacidad, la confidencialidad y la autonomía de las personas gestantes. En este sentido, señala la necesidad de promover instancias de formación continua para profesionales de la salud sobre sus obligaciones legales en materia de aborto, con el objetivo de brindar una atención respetuosa y libre de estigmas o discriminación.

El informe recuerda además que la obstaculización, la demora injustificada o la negativa a realizar un aborto legal constituyen delitos establecidos por la Ley 27.610, por lo que los equipos de salud, tanto del sector público como privado, tienen la obligación de garantizar el acceso a la práctica dentro de los plazos y condiciones que establece la normativa.

Algunos canales de contacto frente a obstáculos en el acceso al aborto son:

Es importante destacar que en febrero de 2026 según un comunicado de Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado Argentino implementar medidas que garanticen derechos para Mujeres y Niñas cuanto antes. Lo hizo a través del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Visualizando la realidad del país desde 2016 hasta 2025, la Organización subrayó un claro retroceso en derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, ya que el Estado no cumple con sus obligaciones y desmanteló o desfinanció los programas encargados de supervisar sus funciones. 

A raíz de esto, se dio un plazo de dos años al Estado Argentino para que elabore y entregue un documento que rectifique su compromiso en la preservación de estos derechos. Entre ellos, se solicitó información que de cuentas de cómo se aseguraron los derechos vinculados al acceso del aborto legal, seguro y gratuito.  

Por otro lado, en este escenario, distintos organismos coinciden en que el desafío actual no se limita solamente a la existencia de la ley, sino también a su aplicación efectiva en todo el territorio. A cinco años de su sanción, el debate sobre el aborto en Argentina continúa abierto: no solo en términos legales o políticos, sino también en relación con las condiciones reales que permiten ejercer este derecho.

Garantizar información clara, recursos adecuados y una atención respetuosa dentro del sistema de salud aparece así como una tarea pendiente. Porque, más allá de las disputas políticas o ideológicas, el acceso al aborto legal sigue planteando una pregunta central para la sociedad: cómo transformar un derecho reconocido en una práctica realmente accesible para todas las personas, sin importar dónde vivan o qué recursos tengan. 

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