El gobierno que culpa al feminismo ante una crisis de femicidios

El Observatorio Ahora que sí nos ven contabiliza 200 femicidios y 315 intentos en lo que va del año. Lourdes García analiza cómo en simultáneo se reducen las políticas concretas para evitarlos.

Desde el inicio de su campaña en 2023, La Libertad Avanza demostró que su postura con respecto a los logros obtenidos a través del feminismo —como lo fueron el Ministerio de la Mujer, reemplazado en 2023 por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y que luego sería disuelto en 2024— eran absolutamente negativas y hasta antifeministas. Pero ahora se sumaría un nuevo problema a la ecuación que ya estaba lo suficientemente compleja: los femicidios.

Hace falta recordar la decisión tomada en el G20 de 2024 cuando Argentina se coronó como el único país integrante que no apoyó una declaración sobre igualdad de género. Y también durante la Asamblea General de la ONU, en el mismo año, que fue nuevamente el único gobierno en votar en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. En ambos espacios ha marcado su alejamiento con la Agenda 2030, la cual se basa en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta, promover la prosperidad, construir sociedades pacíficas y justas, y fomentar alianzas para el desarrollo hasta el año 2030. Pero el Presidente ya ha considerado esta agenda como “woke”, palabra utilizada por la cultura ultraderechista para descalificar las políticas progresistas y asociarlas a ideas de izquierda.

En cuestión de derechos de las mujeres, el país está retrocediendo constantemente. En 2024, se desfinanció un 64% la línea 144, que sirve para ofrecer información, contención y asesoramiento a mujeres en situaciones vulnerables; a esto se sumó otro desfinanciamiento del 90% al Programa Acompañar, que brindaba apoyo económico a personas en situación acreditada de riesgo por violencia de género. Y no solo que no se han ofrecido otras soluciones por parte del Estado, sino que el propio Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha hecho énfasis en un proyecto de ley que propone aumentar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en causas de violencia de género, delitos sexuales y niños, niñas y adolescentes. Todo este trámite de compleja justificación en un país donde no hay evidencia estadística ni académica consistente que pruebe que las “denuncias falsas” por violencia de género sean frecuentes en la Argentina.

Pero el mayor amedrentamiento a las vidas de las mujeres se demostró hace poco en dos de los discursos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Uno de ellos ocurrió el 15 de octubre en una entrevista con el streamer “Gordo Dan” en su stream “Carajo”. “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”, declaró la futura senadora, proponiendo culpabilizar al colectivo feminista a la hora de referirse a los femicidios ocurridos en los días posteriores: 9 en una semana. Pero sorprendió con un discurso diferente una semana después en la Cámara de Diputados, señalando que la oposición “no puede aceptar que un gobierno liberal haya bajado los femicidios”.

El discurso de deslegitimación estatal se articula en varias contradicciones y cifras cuestionables. Primero, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, culpó al "feminismo extremo" por la violencia, para luego afirmar que su gobierno había "bajado los femicidios". Esta última justificación se basó en una visión comparativa y sesgada: 178 femicidios registrados en el año, contrastados con 126 muertes de mujeres en el primer semestre por "cualquier tipo de situación" u "homicidios en ocasión de robo". No obstante, no se ha encontrado una fuente que respalde la cifra de 126. El Observatorio Ahora que Sí Nos Ven contabiliza 200 femicidios y 315 intentos en lo que va del año, demostrando que la cifra es mayor y que las estadísticas oficiales no se toman con seriedad. Además, al considerar los femicidios en contexto de criminalidad, solo se registraron 13 casos, lejos de los 126 mencionados. La única propuesta de Javier Milei sobre esta problemática social fue eliminar la figura del femicidio del Código Penal, mientras propone sumar penas a todos los otros delitos. En esencia, el Estado busca desviar la responsabilidad, ya sea considerando que la violencia es "culpa" del feminismo o simplemente negando la magnitud de los números. En este contexto, el gobierno no ofrece ayuda real a las víctimas de un sistema patriarcal que no garantiza la seguridad suficiente para denunciar.

Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) de MundoSur, Argentina registró 252 femicidios en 2023, lo que representa una tasa de 1.1 por cada 100.000 mujeres. Esta cifra la ubica por debajo de países como Honduras (6.2), Bolivia (3.1) y México (2.5), pero por encima de Chile (0.5) y El Salvador (0.4). Aunque no lidera el ranking regional, Argentina sigue en zona de riesgo, con una frecuencia alarmante de un femicidio cada 34 horas, lo que exige medidas urgentes y sostenidas para prevenir la violencia de género y fortalecer la respuesta institucional.

Entonces, vale preguntarse: ¿qué medidas se van a tomar para poder ayudar a un país que está en riesgo por la alta tasa de femicidio en comparación con otros países de América Latina?