Derechos Humanos
El derecho a no encajar en ninguna caja
De la persecución en la dictadura al reclamo por la ley de cupo laboral, nuestra corresponsal Jazmín Abdala reconstruye décadas de luchas LGBTIQ+.
Una niña de trece años es expulsada de su casa una madrugada de invierno. No hay valijas, solo una bolsa de consorcio con un par de zapatos de taco alto que escondía debajo del colchón. Camina hacia la ruta, buscando en ese asfalto un margen de libertad que la ciudad le niega, pero pronto descubre que allí tampoco es bienvenida. En la esquina, un patrullero frena en seco. No hay preguntas, solo el impacto de una bota y el sonido metálico de las esposas que le recuerdan que, para ella, el espacio público es un territorio prohibido.
Es agosto de 1977 en el Pozo de Banfield, un centro clandestino de detención, tortura y maternidad clandestina que funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A ella la fuerzan a despojarse de su ropa y de su identidad; le cortan el cabello como un rito de humillación para intentar borrar cualquier rastro de la mujer que eligió ser. Esa noche, ella comprende que su vida ha pasado a ser un objeto contable en la "caja chica" de la comisaría: un cuerpo del cual extraer dinero, información o entretenimiento cruel para quienes detentan el poder.
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¿En qué momento la identidad de una persona se convierte en una condena? ¿Cómo fue que la sociedad argentina aceptó, durante décadas, que el único destino para estas mujeres era la banquina de una ruta o la celda de una comisaría?
La respuesta no es azarosa, sino el resultado de una ingeniería meticulosa de la marginalidad. A menudo emergen voces que, desde el prejuicio, sentencian: "Siempre están en lo mismo", aludiendo a la prostitución. Lo que esos discursos omiten es que el comercio sexual fue, para el colectivo trans, una institución de supervivencia impuesta. Si el aparato estatal las eyecta de la escolaridad primaria, si su núcleo familiar las arroja a la intemperie y si el sistema sanitario las etiqueta como enfermas, el mercado laboral les cierra las puertas; las condena al submundo.
Para romper este prejuicio, hay que entender que la relación entre ser trans y la calle ha sido, históricamente, el mejor negocio de las fuerzas de seguridad. Durante casi todo el siglo XX —y con resabios que persisten hasta hoy en las razzias y detenciones arbitrarias—, la policía no perseguía la prostitución para erradicarla, sino para administrarla. Las mujeres trans eran el blanco más fácil para alimentar un sistema de recaudación ilegal. Eran detenidas por los Edictos Policiales —leyes viejas que le daban a un comisario el poder de encarcelar sin un juez— con el único fin de sacarles dinero.
Bajo el cobijo del Inciso 2°F —que penalizaba el uso de "ropas del sexo contrario"— y el Inciso 2°H —que sancionaba el "escándalo"—, se cimentó un sistema de puertas giratorias. Ingresaban al calabozo por "inmoralidad", padecían violencia institucional, abonaban la prebenda o la multa, y retornaban al pavimento porque no poseían otro refugio. Fue una persecución donde se les arrebataba el capital, la honra y, eventualmente, la vida.
La dictadura de 1976 elevó este dispositivo a un paroxismo genocida. Mientras la Junta Militar declamaba sobre la "reserva moral de la Nación", en los sótanos se ensañaban con cuerpos que desafiaban el binarismo. Es necesario precisar un dato histórico: si bien hoy se habla de los "400" para visibilizar a las víctimas LGTB+, estas personas formaban parte del número total de desaparecidos, pero padecieron un ensañamiento particular por su identidad. Sus historias fueron, durante años, las más difíciles de rescatar de los archivos oficiales.
En este escenario emergen nombres que hoy son pilares de la memoria. Julieta González y Carla Fabiana Gutiérrez —sobrevivientes del terrorismo de Estado que en 2023 prestaron testimonio en el juicio "Brigadas"— relataron cómo fueron utilizadas por la policía en los centros de detención, sometidas a condiciones de servidumbre y violencia física constante. ¿Cómo se reconstruye una psiquis cuando el Estado te ha confirmado que tu humanidad es un residuo?
El retorno democrático en 1983 funcionó como una ilusión óptica. Mientras la sociedad celebraba el "Nunca Más", las travestis continuaban siendo cazadas en la Panamericana. La prensa amarillista de los 80 y 90 nutría el morbo describiéndolas como "hombres vestidos de mujer" que morían en riñas, invisibilizando la ausencia de protección jurídica. Fue así que muchas emprendieron un exilio masivo hacia Europa, escapando de una Argentina que las trataba como proscritas.
En los 90, la resistencia adquirió rostros famosos. Mariela Muñoz fue una mujer trans que crió a muchos chicos abandonados y peleó en la justicia por su documento. Su lucha fue el primer golpe contra la hipocresía nacional. Pero el sistema seguía patologizando: tenían que declararse "enfermas" ante un juez para ser reconocidas.
La ruptura definitiva se produjo en 2012 con la Ley 26.743 de Identidad de Género. Por primera vez, el Estado reconoció la identidad como un derecho que emana de la autopercepción. Se terminaron las pericias y las humillaciones. Pero el reconocimiento simbólico es insuficiente si el 80% del colectivo persiste fuera del sistema educativo y la expectativa de vida sigue anclada en los 35 a 40 años.
Ahí surge Diana Sacayán, quien entendió que sin trabajo no hay libertad. Diana luchó por el cupo laboral y fue asesinada en 2015. La justicia llamó a su muerte Travesticidio, reconociendo el odio a su identidad. Su lucha, junto a la de Lohana Berkins —quien fundó cooperativas para dar una alternativa a la calle—, logró que en 2021 se votara la Ley 27.636. Esta norma obliga al Estado a que el 1% de sus empleados sean personas trans.
A cuatro años de su sanción, la Ley de Cupo Laboral es un terreno minado. Para muchas, fue el primer refugio real. "Hay chicas que hoy tienen la vida calma, lejos del frío", dice la activista Bárbara Di Rocco. Pero esa calma es frágil. Mientras el país discute planillas de Excel, el colectivo trans habita una realidad de claroscuros: el informe Diversidad en el Trabajo (2025) revela que siete de cada diez trabajadoras todavía enfrentan el estigma en la oficina, y la mitad prefiere callar su identidad por un miedo que no es paranoia, sino memoria: el miedo a volver a la calle.
Ese temor se volvió estadística entre 2024 y 2025. Bajo la premisa del ajuste, el Estado nacional desmanteló casi 50.000 puestos públicos, y el colectivo trans fue el primero en sentir el impacto. Según el observatorio Zaguán Transindical, la implementación de la ley entró en un retroceso peligroso, cayendo del 19% al 15% de cumplimiento en los organismos que ya habían logrado el cupo. Áreas sensibles como la Secretaría de Trabajo y el ANSES se convirtieron en escenarios de despidos que la justicia aún debe explicar. Hoy, incluso con un empleo formal, el 57% de estas trabajadoras vive por debajo de la línea de pobreza. No es solo falta de dinero; es una estructura que sigue expulsando.
Por eso, el Archivo de la Memoria Trans (AMT) no es un depósito de fotos viejas; es un acto de legítima defensa. ¿Qué es lo que tanto perturba del Archivo? Les molesta que las fotos dejen de ser prontuarios policiales para convertirse en álbumes familiares. Les irrita que esas mujeres, a quienes prefieren imaginar como espectros marginales, tengan ahora un registro de su alegría, de su militancia y de su derecho a la vejez. Negar el AMT es intentar asesinar por segunda vez a las que no sobrevivieron. Es un acto de vandalismo cultural que busca restaurar el silencio del calabozo.
La lucha hoy no es por privilegios, sino por la normalidad más básica: un recibo de sueldo, una obra social y el milagro de llegar a vieja. En Argentina, la mayoría de ellas pelea por cumplir 30 mientras vos planeás qué hacer a los 50.
La próxima vez que escuches a alguien ridiculizar su identidad o cuestionar su derecho a la memoria, recordá que lo que ellas conquistaron fue el derecho a ser alguien ante la ley antes de que la desidia las devorara. La mácula de sangre todavía está fresca en las actas de las comisarías de barrio. Aunque hoy ostenten un DNI, la verdadera emancipación solo llegará cuando ser trans deje de ser un acto de heroísmo cotidiano para transformarse, simplemente, en una vida que no tenga que pedir perdón por existir.
Defender su memoria es evitar que el futuro se parezca a aquel invierno de 1977. Porque negarles el trabajo y el recuerdo es, en el fondo, entregarles de nuevo el mando a los verdugos.
CLAVES DE LA LEY 27.636 "DIANA SACAYÁN-LOHANA BERKINS"
Para que la reparación sea real, la ley establece mecanismos concretos de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional:
- El Piso del 1%: El Estado Nacional —incluyendo sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades del Estado— debe ocupar al menos el 1% de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero.
- No a la Exclusión por Título: La ley permite que quienes no hayan finalizado sus estudios puedan ingresar a trabajar con el compromiso de terminarlos. El Estado debe garantizar la capacitación necesaria para el puesto.
- Incentivos al Sector Privado: Las empresas privadas que contraten personas trans tienen beneficios impositivos (pago a cuenta de impuestos) para fomentar la inclusión más allá del Estado.
- Protección de Antecedentes: Los antecedentes penales derivados de la persecución policial (edictos) no pueden ser un impedimento para el ingreso, reconociendo que la criminalización fue una injusticia estatal.