Defender el agua es defender el país: la Ley de Glaciares en la mira de la agenda política

Un nuevo debate ingresa al Congreso nacional y vuelve a presentarnos el desafío de garantizar desarrollo con preservación ambiental. Nuestro corresponsal Mirco Arrojo analizó la problemática.

La discusión por la modificación de la Ley 26.639 volvió a instalar un clima de urgencia que atraviesa tanto el debate ambiental como el económico argentino. Mientras el Gobierno plantea que la normativa actual funciona como un obstáculo para las inversiones y para la generación de empleo, las organizaciones socioambientales advierten que permitir actividad extractiva en glaciares y ambiente periglaciar equivale a comprometer reservas de agua estratégicas para las próximas décadas. Entre esos dos discursos, una parte de la sociedad queda atrapada en la idea de que “los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada”, una frase dicha por el presidente Javier Milei el pasado 13 de noviembre en el 12° Congreso de Economía Regional, llevado adelante por el Club de la Libertad.

Desde su sanción en 2010, en un proceso que quedó marcado por vetos presidenciales, presiones mineras y tensiones federales, la Ley 26.639 protege glaciares y ambiente periglaciar como reservas esenciales de agua para consumo humano, actividades productivas y funcionamiento de ecosistemas. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y publicado en 2018, relevó 16.968 cuerpos de hielo en el país, cubriendo más de 8.400 km². Ese inventario científico reveló algo clave: el ambiente periglaciar funciona como una esponja que almacena y libera agua en momentos de menor deshielo, una función vital en un contexto donde la región andina enfrenta una gran sequía.

Como señaló Pablo Villagra, director del IANIGLA, en un espacio exclusivo para Buena Data, “el ambiente periglacial es la región geográfica donde predominan climas fríos y criogénicos, pero no glaciarios. El elemento clave para definir el ambiente periglacial y sus límites es la presencia de permafrost, es decir, suelo permanentemente congelado en profundidad. Los glaciares de escombros, y otras geoformas periglaciares son indicadores de este tipo de ambiente y se pueden inventariar, pero parte del periglacial no se puede inventariar y requiere estudios en detalle”.

Mientras tanto, varios gobiernos provinciales del cordón andino, especialmente San Juan, Mendoza y Catamarca impulsan cambios para habilitar proyectos mineros que la ley, tal como está, frena o limita. Y detrás aparecen algunas de las compañías mineras más grandes del mundo: Barrick Gold, Glencore, Lundin Mining, y las empresas que buscan expandir el cobre y el litio en alta montaña. Mucha de esa exploración se dirige a zonas donde existen glaciares rocosos, glaciares pequeños y reservas de hielo subterráneo: no son glaciares “de postal” para Instagram, pero regulan el agua de regiones que ya enfrentan estrés hídrico. Villagra remarca que estos cuerpos de hielo -incluidos glaciares de escombros y otras geoformas periglaciares- aportan entre el 25% y 50% del caudal en ríos de los Andes Áridos en años de sequía, actuando como un buffer esencial para evitar colapsos hídricos.

El Gobierno sostiene que la ley “sobrerregula” e impide el desarrollo minero y energético. Sin embargo, incluso con la ley vigente, provincias como San Juan han mantenido proyectos activos como Veladero y proyectado nuevas inversiones. La ley no paralizó la actividad minera: simplemente fijó límites para evitar daños irreversibles en un ecosistema cuyo deterioro sería permanente. Aun así, el sector minero mostró un crecimiento notable en los últimos años: el informe oficial Mining in Argentina registra que la extracción minera creció 31,1% entre 2020 y 2023, mostrando recuperación y expansión pese al marco regulatorio; además, el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) del INDEC registró aumentos interanuales y un alza acumulada en 2023, y las exportaciones mineras también crecieron. Estos datos evidencian que la ley funcionó como un freno regulatorio, no como un freno económico absoluto: la minería se desarrolló dentro de los límites que la normativa impone, con más actividad, inversión y producción, pero sin anular por completo la dinámica del sector. 

A nivel internacional, múltiples organismos subrayan que degradar áreas de alta montaña genera costos económicos futuros, especialmente en infraestructura hídrica y en el aumento de riesgos geológicos. En ese sentido, un informe reciente de UNESCO (centrado en los impactos globales del retroceso de glaciares) advierte que el deshielo acelerado no sólo compromete la estabilidad de los ecosistemas de montaña, sino que puede agravar crisis hídricas, sociales y económicas en distintas regiones del mundo. Ese diagnóstico, reforzado por otros estudios técnicos, coincide en un punto clave: sin montañas estables y con funciones hidrológicas intactas, las economías regionales pierden su base material para sostener actividades productivas y garantizar el acceso al agua a largo plazo.

En lo económico, la idea de que la minería genera desarrollo automático tampoco se sostiene en la evidencia. Según CIPPEC, la minería puede convertirse en un motor de crecimiento, pero sólo cuando se inserta en un modelo con fuertes instituciones, controles ambientales y una estrategia de desarrollo territorial clara. El organismo advierte que, en ausencia de estos factores, la actividad no garantiza por sí sola mejoras significativas en empleo, desarrollo local o equidad, y que su aporte depende de políticas públicas que orienten la renta minera hacia objetivos sociales y productivos más amplios. En otras palabras, la minería, tal como funciona hoy en la mayoría de las provincias, no asegura por sí misma un proceso de crecimiento sostenido ni un impacto social amplio y duradero.

El agua, a diferencia de los minerales, sí garantiza el desarrollo. El Primer Informe Bienal de Transparencia de la República Argentina ante la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) advierte que la retracción acelerada de glaciares y nieves permanentes está alterando el régimen hidrológico andino, reduciendo la disponibilidad de agua en las cuencas que dependen del deshielo. Esa disminución, señala el informe, compromete el riego agrícola, la potabilización y la generación hidroeléctrica, afectando de manera directa a actividades como la vitivinicultura, la fruticultura y las agriculturas de oasis, que constituyen pilares económicos de Cuyo y cuya sostenibilidad depende del hielo que la ley busca proteger.

La crisis socioeconómica actual, con niveles de pobreza muy altos según los últimos informes oficiales del INDEC, crea un terreno fértil para que cualquier promesa de inversión minera se presente como salvación inmediata. Sin embargo, la experiencia latinoamericana muestra otra cosa: según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una parte significativa de los conflictos mineros están relacionados con el agua. En su Estado de Situación 2018 indican que gran parte de las confrontaciones socioambientales se dan por recursos hídricos. Además, en su Informe Nº 4 sobre comunidades en defensa de los glaciares, documentan que la minería genera una presión muy fuerte sobre las fuentes de agua, lo que alimenta los conflictos locales. Para Pablo Villagra, cualquier actividad que afecte estos cuerpos de hielo implica una pérdida directa de reservas hídricas estratégicas: en provincias como Mendoza, son el buffer (una reserva natural que compensa y estabiliza el caudal cuando las precipitaciones son bajas) que permite sostener caudales en años extremadamente secos.

Y a todo esto se suma un dato que rara vez aparece en el debate: los minerales que se extraen en Argentina no se industrializan en Argentina.

Los minerales que buscan las grandes empresas (cobre, oro, plata y litio) tienen un valor creciente en el mercado global porque son insumos para autos eléctricos, baterías y tecnologías “verdes”. Pero ese valor no se captura localmente. Según el informe oficial Mining in Argentina, una parte sustancial del valor exportado por el sector minero proviene de metales primarios como el oro y la plata, lo que evidencia que el país continúa insertado principalmente como proveedor de materias primas. Esta tendencia se replica en el litio: de acuerdo con un documento reciente del Banco Mundial sobre la cadena de valor del sector, la actividad en Argentina sigue concentrada en las etapas iniciales (extracción y producción de compuestos), mientras que las fases de mayor industrialización, como la fabricación de celdas y baterías, se desarrollan fuera del país. En otras palabras, el núcleo del valor agregado continúa siendo externo, mientras los impactos ambientales y la presión sobre el agua quedan en el territorio.

Es decir, Argentina exporta minerales y compra tecnología. Acá quedan la presión sobre el agua, los impactos y el costo ambiental; afuera queda la mayor parte del valor agregado.

Sin embargo, en la discusión pública sigue instalándose una falsa dicotomía: “crecimiento versus ambiente”. La verdadera pregunta es otra: ¿Qué tipo de desarrollo quiere construir la Argentina? Proteger glaciares no implica oponerse al empleo ni desconocer la crisis económica, implica reconocer que sin agua no hay producción posible. No es casualidad que países mineros como Chile han avanzado en regulaciones cada vez más estrictas para resguardar sus glaciares.

Aunque aún no cuenta con una ley única como la argentina, el país mantiene protección ambiental obligatoria sobre los glaciares mediante la Ley 19.300, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la figura de áreas protegidas que prohíben o restringen intervenciones industriales en zonas de hielo. Además, desde hace casi dos décadas impulsa una Ley de Protección de Glaciares que busca prohibir expresamente la minería en glaciares y ambientes periglaciares. Esta línea regulatoria no surge de la nada: responde a un consenso científico claro y sostenido, documentado por investigaciones glaciologicas de la propia Dirección General de Aguas y de universidades chilenas, como la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile, que muestran que los ecosistemas de alta montaña, una vez dañados, no se recuperan.

La crisis climática agrega un nivel extra de urgencia. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que los glaciares de los Andes centrales podrían perder hasta 40% de su volumen hacia mediados de siglo. Flexibilizar regulaciones en este contexto no es una política de desarrollo: es una política de vulnerabilidad programada.

Mientras tanto, un mensaje atraviesa todos los informes científicos: sin agua no hay ríos, no hay agricultura, no hay ciudades. Y los glaciares, aunque no entren en las postales, son la infraestructura natural que sostiene la vida de millones. Como subraya Pablo Villagra, cualquier actividad humana genera impactos, y es una decisión política evaluar su magnitud y justificar si los costos ambientales, económicos y sociales compensan los beneficios. La Ley de Glaciares no busca oponerse a la minería, sino proteger un recurso estratégico como lo es el agua.

Defender la Ley de Glaciares no es una discusión técnica ni un capricho ecologista: es una discusión sobre cómo nos organizamos como país. En Argentina, las nacientes de agua no reconocen fronteras provinciales y los ríos que permiten producir, habitar y vivir en una región nacen muchas veces a cientos de kilómetros, en otra jurisdicción. 

Por eso, cuando se amenaza la Ley de Glaciares, no solo se pone en riesgo el agua: se tensiona el federalismo, se desarma el equilibrio entre territorios y se debilita la capacidad del Estado para proteger bienes comunes que sostienen economías enteras. La discusión no es si conviene o no explotar la montaña, sino qué modelo de país queremos y qué vínculos de responsabilidad compartida estamos dispuestos a sostener.

Defender la Ley de Glaciares es defender la idea misma de un país integrado, donde lo que pasa en la montaña importa en la llanura, donde la riqueza no se construye a costa del futuro y donde el desarrollo no se decide por partes, sino como un proyecto común. Porque sin agua, sin planificación y sin reglas claras, no hay federalismo posible.Y sin federalismo, el desarrollo argentino no tiene visión ni horizonte.

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