Cuando los discursos de odio se vuelven carne

Durante 2024 se registraron al menos 140 ataques y solo en la primera mitad de 2025 ya se contabilizaron 102 casos. Nuestro corresponsal Mirco Arrojo desarrolló alguno de estos casos en esta crónica.

Fue vista por última vez el pasado 25 de septiembre. El 14 de octubre encontraron su cuerpo con múltiples heridas y golpes que le provocaron la muerte. Su nombre era Azul Semeñenko, una mujer trans de 49 años que trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra la Violencia. Estuvo desaparecida por tres semanas. Azul acompañaba a otras mujeres y disidencias en situación de violencia, trabajaba para que nadie pasara por lo que finalmente le hicieron a ella. Su muerte, una entre muchas, se convirtió en símbolo de una época que parece empeñada en retroceder.

El suyo no fue un caso aislado. En Bahía Blanca, el 6 de abril de 2024, Valentín Podestá Gazzolo —de 24 años— fue brutalmente golpeado por caminar de la mano con su novio. El ataque lo dejó con lesiones graves y secuelas permanentes. “No se puede vivir con miedo de ser quien sos”, dijo más tarde, desde una silla de ruedas, en una entrevista publicada por La Nación.

Y tampoco fue el único. En Entre Ríos, el 18 de noviembre de 2024, Rita Pilar —una mujer trans de 32 años— fue atacada y sufrió quemaduras fatales tras un episodio de violencia por parte de su pareja. Murió días después, pese a la atención médica.

Azul, Valentín, Rita. Tres nombres, tres vidas truncadas por la violencia, tres historias recientes que muestran cómo la comunidad vuelve a ser blanco de odio, desprecio y abandono.

Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2024 se registraron al menos 140 ataques y solo en la primera mitad de 2025 ya se contabilizaron 102 casos -un aumento del 70% respecto del mismo periodo del año anterior-, con un patrón que no solo crece en frecuencia sino también en brutalidad. El 70,6% de las victimas fueron mujeres trans, el 16,7% varones gays cis, el 6,9% lesbianas, el 4,9% varones trans y el 1% personas no binarias. Los informes señalan además que la mayoría de los casos quedan impunes: suelen tipificarse como lesiones u homicidios simples sin reconocer el componente de odio. Esa falta de reconocimiento jurídico no es solo ausencia de castigo: es también una forma de violencia institucional que habilita la repetición de los ataques.

En agosto de 2024, el Gobierno nacional disolvió el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) a través del Decreto 696/2024. Un organismo con décadas de experiencia en la recepción de denuncias y acompañamiento a víctimas. En lugar de reformarlo o hacerlo más eficiente, se optó por eliminarlo. Porque la lógica que hoy se impone no es la de mejorar, sino la de destruir. El discurso oficial habla de achicar el Estado, pero lo que realmente se achica es la protección de los derechos.

Algo similar ocurre con la Línea 144, creada para asistir a mujeres y disidencias en situación de violencia. Según datos oficiales, en diez años recibió más de 900 mil comunicaciones. Sin embargo, el servicio quedó prácticamente desmantelado. Trabajadoras denunciaron despidos masivos y recortes presupuestarios, y hoy —según informó la Junta Interna del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en una nota de ATE Nacional— hay guardias que funcionan con sólo dos operadores para atender emergencias que, por definición, no pueden esperar.

Quitar recursos a quienes responden en situaciones límite no es austeridad: es abandono. Y detrás del abandono, inevitablemente, llega la impunidad.

Mientras tanto, la Educación Sexual Integral (ESI) se transformó en otro blanco del discurso político. La ESI no es una amenaza, es una herramienta de prevención. Gracias a su implementación, miles de estudiantes aprendieron a reconocer abusos, identificar violencias y respetar identidades diversas. Sin embargo, desde distintos sectores gubernamentales se la acusa de “adoctrinamiento ideológico”. Desfinanciarla o limitar su alcance implica privar a niñas, niños y adolescentes de una de las herramientas más poderosas para vivir con libertad y cuidado.

El debilitamiento de las políticas públicas acompaña este crecimiento. Según un análisis del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, los crímenes de odio en la vía pública crecieron un 53 % durante 2024, al mismo tiempo que se redujeron presupuestos y programas destinados a la prevención de violencias. En ese escenario, las declaraciones oficiales que ridiculizan la diversidad o niegan la existencia de la violencia de género no son inocentes: son combustible. Lo simbólico se vuelve físico y lo que se dice en un micrófono se traduce en golpes en la calle.

El avance del odio no es espontáneo: es resultado de un clima político que lo habilita. Un clima donde los discursos de exclusión se disfrazan de libertad, y donde la diversidad se presenta como una amenaza en lugar de una riqueza. Pero también hay otra cara: frente a este retroceso, comunidades enteras se organizan, marchan y acompañan. El amor —entendido no como romanticismo, sino como compromiso colectivo— sigue siendo una forma de resistencia.

Entonces, ¿el amor vence al odio? Tal vez no por sí solo. El amor no detiene un crimen ni reemplaza una política pública. Pero puede ser el punto de partida para construir otra sociedad, una donde la libertad de amar no sea una causa, sino una realidad. Porque si el amor no se traduce en acciones, en leyes, en políticas, en presencia estatal y en presupuestos, el odio seguirá ganando terreno. Azul, Valentín y Rita no deberían ser mártires: deberían ser recordatorios urgentes de todo lo que falta hacer.

La violencia que no siempre se ve

Hay quienes sostienen que “no se perdió ningún derecho”, que las personas LGBTIQ+ “pueden seguir casándose” o que “nadie las persigue”. Pero reducir la violencia a la existencia o no de una ley es una forma cómoda de negar su profundidad. Porque la violencia no empieza cuando un derecho se deroga: empieza mucho antes, cuando se construye un clima en el que ciertos cuerpos y vidas se vuelven blanco de burla, sospecha o desprecio.

En la Argentina actual, esa violencia también se manifiesta desde los discursos oficiales. Funcionarios, legisladores y comunicadores cercanos al gobierno reproducen mensajes que refuerzan estigmas, ridiculizan identidades o promueven desinformación. No son simples opiniones: son declaraciones que bajan línea y que, en un contexto de polarización y precarización social, se traducen en legitimación del odio. Cuando una autoridad pública se refiere a las personas trans como “mujeres disfrazadas” o a la diversidad como “una ideología impuesta”, no sólo agrede: habilita.

La violencia, entonces, no es sólo física. Es estructural, simbólica y discursiva. Se filtra en los medios, en las redes, en los pasillos de las escuelas, en los discursos del poder. Y aunque el gobierno asegure que “no quitó derechos”, la pregunta es otra: ¿de qué sirve tener una ley si el Estado no garantiza su aplicación? Los derechos existen sobre el papel, pero pierden sentido cuando el miedo vuelve a las calles, cuando las instituciones desaparecen y cuando los discursos oficiales enseñan a odiar.

Quizás, la verdadera pregunta no sea si el amor vence al odio, sino si todavía somos capaces de construir un país donde el amor no tenga que resistir para existir. Donde la igualdad no dependa del coraje de quienes la defienden, sino del compromiso de una sociedad que no tolere la humillación, la burla ni el silencio como formas de gobierno. Porque el amor no necesita ganar: necesita espacio, respeto y justicia. Y eso, hoy, también es una forma de lucha.

Crédito foto: Pedro Pérez.